martes, 22 de junio de 2010

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y e-GOBIERNO

Denominamos “participación ciudadana” (PC) a un tipo de actividad consciente, racional y organizada de individuos o grupos, que tiene el propósito de incidir en las deliberaciones y decisiones atinentes a cuestiones de interés común. El creciente interés por la PC en democracias representativas se explica comúnmente por la manifiesta necesidad, de una ciudadanía crítica y exigente, de aumentar su compromiso, injerencia e incidencia en los asuntos públicos.

Ante las posibilidades interactivas emergentes de las tecnologías de información y comunicación (tales como Internet y la telefonía fija y móvil) surgen hoy ciertas expectativas vinculadas a una pretendida transición desde la democracia representativa (supuestamente vertical y jerárquica) hacia la democracia participativa (supuestamente horizontal y transversal), así como hacia la “democracia directa”, como estado virtualmente “ideal” en el cual se presume que el conjunto de los ciudadanos recuperaría plenamente la soberanía sobre el devenir y el destino colectivo.

Por su parte, los defensores de la democracia representativa suelen descalificar tales expectativas expresando que las herramientas participativas (plebiscitos, consultas, encuestas, sondeos de actitud y foros de opinión) sólo proporcionan –en el mejor de los casos- una borrosa “fotografía” del estado anímico de ciertos públicos en un instante determinado, que en ningún caso podría reemplazar a la perspectiva esperable de un “estadista”. Esta corriente presume que los legisladores y gobernantes democráticos son “estadistas” que reúnen: a) proyectos respaldados por la adhesión ciudadana, b) formación, idoneidad y madurez para adoptar visiones de largo alcance sustentadas en el interés común, c) perspectivas integradoras de los distintos planos del contexto pertinente, d) iniciativa para proponer rumbos aptos, viables y factibles, d) liderazgo para convocar y persuadir a actores relevantes, y e) consistencia para sustentar y confrontar las respectivas propuestas. Como consecuencia, faltarían al deber de “estadistas” los legisladores y gobernantes que optaran por responder servilmente a los “designios” expresados por mecanismos participativos.

Si bien los textos constituciones de muchas de nuestras naciones han incorporado últimamente ciertos preceptos e instrumentos participativos (tales como el referéndum, la consulta popular o la iniciativa popular), los fundamentos y requisitos previstos acotan su aplicación a situaciones relativamente excepcionales, distantes de una “rutina“ participativa.

En otro plano, cuando nos trasladamos del análisis conceptual a la realidad imperante en países institucionalmente frágiles, advertimos que, tras las apelaciones genéricas a la “participación”, pueden ocultarse vicios que frecuentemente han desvirtuado a la democracia, tales como el autoritarismo, la demagogia y el despotismo. Como consecuencia, para apreciar la calidad de las convocatorias participativas, cabría clarificar: ¿quiénes convocan?, ¿a qué tipo de participación?, ¿por qué convocan?, ¿para qué convocan?, ¿quiénes se prevé que participarán?, ¿con qué intereses manifiestos y latentes?, ¿cuáles serían los beneficios y riesgos cívicos previsibles?.

El potencial de la PC parece variar significativamente en función de los niveles de gobierno. Los niveles locales (municipios, alcaldías) suelen exhibir mejores condiciones para la PC que los de mayor rango territorial (provincias, estados, nación). Los factores determinantes de tales diferencias parecen residir en la mayor proximidad entre representantes y representados, así como en el sentido de comunidad de los problemas y las soluciones.

Si bien algunos ámbitos locales exhiben favorables experiencias participativas en la formulación de prioridades, programas y presupuestos, la PC aún se percibe -en todas las latitudes y ámbitos- como un proceso aún incipiente, difícil de desarrollar, sustentar, legitimar y mantener; manifestándose comúnmente como reactivo, volátil y sesgado.

Dentro del panorama reseñado, las herramientas de e-Gobierno pueden contribuir a aumentar significativamente la variedad, alcance e intensidad de los procesos de PC; por ejemplo, a través de foros ciudadanos o de interacción “en línea” con legisladores y gobernantes.

El equipo de e-Gobierno de la SEDI-OEA promueve el uso de herramientas de e-Gobierno para potenciar los procesos de participación dirigidos a conocer y servir mejor a las necesidades, demandas y expectativas ciudadanas en las naciones de las Américas. A modo de ejemplo, cabe destacar el Foro de la Sociedad Civil y el Foro del Sector Privado (ver Boletín Nº 10) como componentes del proceso de Cumbres de las Américas que hacen uso de las TIC para canalizar sus inquietudes y propuestas al más alto foro político del hemisferio.

Este número del Boletín se refiere a las características de los procesos de e-Participación y a algunas experiencias en niveles centrales. En el próximo número presentaremos diversos casos de e-Participación en ámbitos locales.

Innovaciones y Alianzas para el Desarrollo
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI)
Organización de Estados Americanos (OEA)

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DOS PROBLEMAS A SOLUCIONAR PARA ENFRENTAR CON ÉXITO LA GOBERNABILIDAD, LA GOBERNANZA Y LOS GOBIERNOS DIGITALES

Uno de los grandes problemas a los que nos enfrenta el uso de las modernas tecnologías vinculadas a la informática es el de la llamada “brecha digital”, entendiéndola “como la separación que existe entre las personas (comunidades, estados, países) que utilizan las tecnologías de la información y comunicación como una parte rutinaria de su vida diaria y aquellas que no tienen acceso a las mismas y que aunque las tengan no saben cómo utilizarlas”[1]

En realidad, el concepto de brecha digital no es posible explicitarlo sólo en términos de desigualdades en las posibilidades de conectividad y de acceso a la tecnología y tampoco, de manera exclusiva, desde la posición de preocupación por el desarrollo de las habilidades y capacidades correspondientes.

Por tanto –y como bien lo señala la investigadora costarricense Kemly Camacho[2]- el concepto de brecha digital debe incorporar una perspectiva de infraestructura; otro enfoque desde la capacitación/educación y, otro, desde la perspectiva del uso de los recursos materiales y humanos.

Sabemos que la acumulación de conocimiento deriva en la creación, aplicación y perfeccionamiento de tecnologías. Así ha sucedido desde las primigenias comunidades humanas. Pero también ha sucedido –y la Historia así lo consigna- que grupos pequeños de esas comunidades, en ejercicio de posiciones jerárquicas superiores, se han apropiado de esas tecnologías y las han usado en propio beneficio, como herramientas represoras y de dominación y/o en contrario a los intereses de los grupos mayoritarios.

En esa línea, la posibilidad de ejercer un “poder tecnológico” sin contrapeso puede desembocar (si es que ya no está sucediendo) en la conformación de grupos (“los incluidos”) que pueden, de manera exclusiva, participar en la construcción de una nueva sociedad. Quienes logren desarrollar la infraestructura, las capacidades y los recursos podrán determinar los nuevos paradigmas de la sociedad en construcción.

Podría ser la versión postmodernista de los “iluminados” de la Ilustración, del llamado siglo de las luces, del esplendor del conocimiento. Basta recordar uno de los textos de Jean Jacques Rousseau, “Carta a D’Alembert sobre los espectáculos”, en la que –desde una situación “de privilegio” determina lo que “el pueblo” debe hacer: “Plantad en medio de una plaza un poste coronado de flores, reunid allí al pueblo y tendréis una fiesta”.[3]

La tendencia a la ostentación y ejercicio absoluto del poder es una gran tentación que podría derivar en una versión sofisticada y potenciada de la teoría del “centro-periferia”, si es que no se estructura una suerte de control o supervisión de los programas, sus contenidos y sus aplicaciones.

En esta dirección, la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información[4], advierte que “los gobiernos deben intervenir, según proceda, para corregir los fallos del mercado, mantener una competencia leal, atraer inversiones, intensificar el desarrollo de infraestructura y aplicaciones de las TIC, aumentar al máximo los beneficios económicos y sociales y atender a las prioridades nacionales”.

El acuerdo mundial de Ginebra 2003 y Túnez 2005 de la CMSI considera –entre otros aspectos muy importantes- que la “gestión de internet” involucra cuestiones técnicas y también de política pública y que, por lo tanto, debe provocarse y convocarse a una importante participación ciudadana, de todos los interesados y de organizaciones internacionales e intergubernamentales, como se explica en el texto final de la Declaración:
“a) la autoridad política en materia de política pública relacionada con Internet es un derecho soberano de los Estados. Ellos tienen derechos y responsabilidades en las cuestiones de política pública internacional relacionadas con Internet;
b) el sector privado ha desempeñado, y debe seguir desempeñando, un importante papel en el desarrollo de Internet, en los campos técnico y económico;
c) la sociedad civil también ha desempeñado, y debe seguir desempeñando, un importante papel en asuntos relacionados con Internet, especialmente a nivel comunitario;
d) las organizaciones intergubernamentales han desempeñado, y deben seguir desempeñando, un papel de facilitador en la coordinación de las cuestiones de política pública relacionadas con Internet;
e) las organizaciones internacionales han desempeñado, y deben seguir desempeñando, una importante función en la elaboración de normas técnicas y políticas pertinentes relativas a Internet”[5].

Sin lugar a dudas, la brecha digital es una consecuencia de las brechas sociales producidas por las desigualdades e inequidades políticas, económicas, sociales, culturales, de género, generacionales, geográficas, religiosas, etc. Entonces, si se enfrenta el problema de la brecha digital sólo desde el enfoque de la infraestructura, es decir, desde el acceso y la conectividad, se podrían estar incrementando las diferencias sociales ya existentes, y sociedades tremendamente estratificadas, excluyentes, discriminadoras y desintegradoras. En otras palabras, “la brecha digital implicará más desarrollo en los países, regiones y personas con mejores oportunidades de acceso en detrimento de quienes tienen menos. Esta diferencia se hará evidente no solo entre países, sino también dentro de cada país privilegiando” a los sectores “con mejores condiciones económicas, políticas, sociales y culturales”[6].

Otro de los problemas evidenciados con el uso de las TIC está vinculado al tema de la identidad, los territorios y los sentidos de pertenencia. La llamada Sociedad de la Información derriba (afortunadamente) fronteras físicas transformando al planeta en una gran comunidad interconectada, comprometiendo seriamente el universal antropológico que reza que para que exista identidad debe existir un territorio al cual pertenecer.

Aunque ya algunos estudiosos (Octavio Paz, en México, y Fidel Sepúlveda, en Chile) se adelantaban, en términos semánticos y filosóficos, a afirmar que era posible ser sin estar, ha sido la internet la que ha puesto en cuestión el tema de la territorialidad material y el espacio geográfico, llevando el territorio a un concepto inmaterial, intangible y el espacio geográfico a un espacio virtual que, ocupado y transformado por la creación y recreación humana, se transforma en territorio virtual.

Entendiendo –y asumiendo- que el pueblo más fuerte culturalmente no es aquel que se cierra y niega a los préstamos culturales, sino ese que los adopta, adapta y transforma en beneficio propio, no es posible negar el peligro de la desintegración cultural, de la unidad identitaria, del sentido de pertenencia a las tradiciones, las costumbres, la lengua, con la homogeneización del cibermensaje.

En el mismo sentido, si concluimos que los procesos de desarrollo de cada pueblo o nación tienen relación directa con sus continuidades históricas, deberemos considerar la importancia de fortalecer no sólo aquello que a esos pueblos y a esas naciones los identifica, sino, especialmente, aquello que los diferencia de los demás.

Por lo tanto, si no se considera la variable “diversidad cultural” estaríamos enfrentándonos a una sociedad uniforme, a “imagen y semejanza” de quien la transformó.

En esa perspectiva, la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, en su Declaración afirma que:

“La diversidad cultural es el patrimonio común de la humanidad. La Sociedad de la Información debe fundarse en el reconocimiento y respeto de la identidad cultural, la diversidad cultural y lingüística, las tradiciones y las religiones, además de promover un diálogo entre las culturas y las civilizaciones. La promoción, la afirmación y preservación de los diversos idiomas e identidades culturales, tal como se consagran en los correspondientes documentos acordados por las Naciones Unidas, incluida la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de la UNESCO, contribuirán a enriquecer aún más la Sociedad de la Información”[7].

En caso contrario, estaríamos viviendo una nueva situación de avasallamiento.

[1] “El ABC de la brecha digital”, Bruce Claflin, Diario Reforma, Sección Negocios, 13 de octubre de 2000, citado en el libro “La brecha digital: mitos y realidades”, de Arturo Serrano y Evelio Martínez, Editorial Universitaria Universidad Autónoma de Baja California, México, 2003.

[2] http://vecam.org/article550.html?lang=es

[3] http://www.asesoria-legal-ya.com/xampp/bibl/electro/rousseau%20-%20carta%20a%20d_ alemb%20sobre %20los%20espectaculos.pdf

[4] Ginebra 2003, Túnez 2005, http://www.itu.int/wsis/outcome/booklet-es.pdf

[5] Idem

[6] http://vecam.org/article550.html?lang=es

[7] http://www.itu.int/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=es&id=2316|0

Patricio Barrios Alday


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